Entre Tirios y Troyanos
Sector Salud en Veracruz: No fue un error: fue el colapso administrativo de la salud
Por: Fernando Mendoza
Académico, Analista Político y Consultor Media Training
Llegó la primera quincena correspondiente a este año y más de 2 mil trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz quedaron temporalmente sin el pago de su salario, detonando protestas simultáneas en centros hospitalarios, unidades médicas y jurisdicciones sanitarias de Xalapa, Córdoba, Orizaba, Río Blanco, Naolinco, Alto Lucero, Teocelo y Coatepec. La ausencia de depósitos salariales no fue un dato menor: impactó de lleno en el ingreso de personal médico, paramédico, administrativos y servicios generales, ya de por sí comprometido en un contexto de salarios modestos en la entidad.
Este episodio exige un análisis que separe hechos verificables de diagnósticos apresurados, que ponga sobre la mesa los datos disponibles y que, sobre todo, genere una reflexión seria sobre la administración pública y su relación con derechos laborales básicos.
¿Quién falló?
La versión oficial y el argumento federal
Las autoridades estatales sostuvieron que el retraso obedeció a la tardanza en la ministración de recursos federales, lo que retrasó la dispersión de salarios por parte de la entidad. Eso fue confirmado tras las protestas, cuando el IMSS-Bienestar liberó los pagos, recalcando que los recursos estaban disponibles, pero habían llegado tarde al calendario operativo de la Secretaría de Salud local.
En paralelo, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz responsabilizó directamente a la Federación por el atraso y la falta de control de la nómina federal, argumento que relativiza el papel de la administración estatal en el proceso de dispersión.
El reclamo social no fue simbólico: trabajadores ocuparon espacios públicos con demandas concretas. Según reportes periodísticos, al menos 2,200 empleados estaban pendientes de pago al mediodía del 16 de enero, con movilizaciones que incluyeron paros parciales y bloqueos en infraestructura hospitalaria para llamar la atención de autoridades.
Las protestas se extendieron a diferentes municipios, con movilizaciones pacíficas tanto en Xalapa como en Córdoba, Orizaba y Río Blanco, donde el reclamo fue el mismo: pago completo de quincenas y, en varios casos, bonos de fin de año que tampoco se habían cubierto a tiempo.
Para entender el impacto, tan solo en 2023 el programa de remuneraciones del Sector Salud de Veracruz (Programa U013) manejó recursos por más de 2,194 millones de pesos, de los cuales más del 88% se destinó al pago de personal médico y paramédico (con remuneraciones directas a más de 6,400 plazas).
Expertos y reportes periodísticos especializados han documentado que la crisis salarial en la Secretaría de Salud no surge de la nada, sino que es parte de un conjunto de problemas administrativos y de gestión que se arrastran desde ejercicios fiscales anteriores.
Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron presuntos daños patrimoniales superiores a 2,700 millones de pesos en la Secretaría de Salud de Veracruz en 2023 y 2024, producto de irregularidades en contratos y supuestos pagos a proveedores sin evidencia de servicios.
¿Tiene responsabilidad el gobierno de Cuitláhuac García en esta crisis?
Responder a esta pregunta exige abandonar la comodidad del discurso político y asumir una mirada técnica, institucional y documentada. La respuesta corta es clara: sí, existe una responsabilidad estructural atribuible al gobierno anterior, aunque no exclusiva ni exculpatoria del actual.
La crisis de pagos registrada en enero de 2026 no surge en un vacío administrativo. Es, en buena medida, una consecuencia acumulativa de decisiones presupuestales, prácticas de gestión y omisiones institucionales heredadas del sexenio encabezado por Cuitláhuac García Jiménez (2018–2024).
No se trata de una acusación ideológica, sino de una constatación técnica respaldada por informes públicos.
Durante la administración anterior, la Secretaría de Salud de Veracruz fue una de las dependencias con mayor número de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Diversos informes documentaron presuntos daños patrimoniales por miles de millones de pesos, derivados de contratos irregulares, pagos sin comprobación suficiente y fallas graves en los sistemas de control interno, desorden estructural en los sistemas de nómina, con coexistencia de plazas estatales, federales, homologadas y contratos eventuales, sin una integración administrativa clara ni una trazabilidad presupuestal confiable.
Este entramado no solo compromete recursos públicos: debilita la capacidad operativa del Estado para cumplir obligaciones básicas, como el pago puntual de salarios, el respeto a contratos colectivos y la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
El sexenio de García Jiménez impulsó con entusiasmo la integración de los servicios estatales de salud al modelo federal, primero INSABI, después IMSS-Bienestar, pero no construyó los candados administrativos necesarios para garantizar que esa transición no afectara derechos laborales ni procesos de nómina.
El resultado fue un sistema híbrido caracterizado por nóminas parcialmente federales y parcialmente estatales, ambigüedad en responsabilidades operativas y dependencia de ministraciones federales sin protocolos de contingencia estatal.
Este diseño frágil no es un accidente: es una herencia directa del modelo adoptado durante su administración, sin planeación técnica de mediano plazo ni mecanismos de blindaje institucional.
Tal vez la responsabilidad más profunda del gobierno anterior no sea contable, sino cultural e institucional: haber normalizado que el sistema de salud operara bajo crisis permanente.
Retrasos en pagos, carencias de insumos, protestas recurrentes, paros parciales y contratos incumplidos no fueron excepciones, sino parte de la rutina administrativa. Esa normalización debilitó la noción de urgencia, erosionó la cultura de cumplimiento y convirtió lo extraordinario en ordinario.
Cuando una administración tolera el incumplimiento como parte del funcionamiento regular del Estado, deja como herencia no solo expedientes, sino una institucionalidad degradada, incapaz de reaccionar con oportunidad incluso ante lo esencial.
Sin embargo, esto no exime al gobierno de Rocío Nahle, la responsabilidad es compartida en términos políticos, pero diferenciada en términos estructurales.
El gobierno actual tiene la obligación inmediata, no negociable, de resolver la crisis, corregir las fallas administrativas y garantizar que ningún trabajador vuelva a enfrentar incertidumbre salarial. Pero es intelectualmente deshonesto y políticamente conveniente atribuir el problema exclusivamente a “fallas recientes”, cuando las condiciones que lo hicieron posible fueron construidas durante años.
Ese contexto de desorden administrativo puede explicar, aunque no justificar, la cadena de fallas operativas que terminan traducidas en retrasos de pagos y prestaciones esenciales para el personal.
Veracruz, un estado que anunció estabilidad económica al cierre de 2025 y mejores condiciones macroeconómicas para las familias, enfrenta simultáneamente un violento choque con la realidad laboral de sus trabajadores de salud.
El gobierno local sostiene que el problema no es de dinero, sino de administración y coordinación con instancias federales. Sin embargo, trabajadores y analistas señalan que cuando la burocracia falla en lo mínimo, el pago puntual de salarios, se rompe el contrato social básico entre el Estado y los trabajadores.
El atraso en pagos a los trabajadores de la salud en Veracruz no es un simple desfase contable ni una anécdota administrativa: es el síntoma de un sistema que ha priorizado titulares políticos y discursos de estabilidad sobre la eficiencia operativa básica.
La pregunta que debe quedarse en la opinión pública es dura y perturbadora: si un gobierno no puede garantizar lo más elemental como el pago puntual de salarios a quienes brindan servicios esenciales, ¿cómo puede asegurar la calidad de esos mismos servicios cuando la presión social y económica aumenta?
Esta crisis estructural y operativa, así como la calma frente a sus causas profundas, podría ser el preludio de una disputa mucho más amplia entre las diferentes fuerzas dentro de la estructura del gobierno de Rocío Nahle, la señal puede entenderse de muchas maneras y van desde la incapacidad para administrar un gobierno del tamaño de Veracruz hasta el sabotaje desde las entrañas del poder, pasando por la negligencia de funcionarios indolentes ajenos al sentir de los trabajadores del sector salud… pero la mejor opinión ¡es de usted!
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Este análisis se elaboró con información de:
La Jornada Veracruz, Formato 7, AVC Noticias, El Sol de Orizaba (OEM), Ventana Veracruz, AMEXI, Los Angeles Press, el Repositorio del Gobierno del Estado de Veracruz, Imagen de Veracruz, Meganoticias Veracruz, el Gobierno del Estado de Veracruz y la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
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