Entre Tirios y Troyanos .
México 2025: Gobernar sin negociar
Por: Fernando Mendoza
Académico, Analista Político y Consultor Media Training
Por momentos, 2025 pareció un año de tránsito. Hoy, visto con distancia analítica, fue un año de ruptura. No solo representó el primer ciclo completo del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo; fue, en los hechos, el laboratorio donde se ensayó la arquitectura del nuevo régimen político mexicano. Un régimen que profundiza la herencia del Gobierno anterior, pero que ya no puede explicarse únicamente como continuidad: es poder en ejercicio, con sello propio, costos visibles y consecuencias estructurales para millones de personas.
La política mexicana atravesó en 2025 un proceso de tensión simultánea en varios frentes: reformas institucionales de alto impacto, violencia política persistente, movilización social creciente, reconfiguración partidista y una relación bilateral con Estados Unidos marcada por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El resultado no fue un país en calma, sino un sistema en redefinición.
Desde enero, el gobierno de Sheinbaum enfrentó un dilema central: administrar la continuidad sin convertirse en una mera prolongación del sexenio anterior, acelerando al mismo tiempo la consolidación del poder bajo una lógica institucional distinta. La relación Ejecutivo-Legislativo dejó de ser una arena de negociación para convertirse en un mecanismo de ejecución. Morena y sus aliados operaron como un bloque disciplinado que, amparado en una mayoría polémica y cuestionada, tradujo la agenda presidencial en reformas constitucionales y legales sin sobresaltos numéricos, pero con alto costo político y simbólico.
El punto de inflexión fue, sin duda, la reforma judicial. La elección popular de jueces, magistrados y ministros, materializada el 1 de junio con la votación de 881 cargos, modificó de raíz el equilibrio entre legitimidad democrática y autonomía judicial. Por primera vez, el Poder Judicial dejó de ser un órgano de designación indirecta para convertirse en un espacio atravesado por la lógica electoral.
El discurso oficial habló de democratización; la crítica académica y opositora, de politización. Ambas narrativas conviven en una realidad más compleja: el Estado mexicano alteró su diseño constitucional apostando por un modelo inédito cuyos efectos aún no pueden medirse plenamente, pero que en el primer impacto, por sus características visibles y forma, puede ser objeto de crítica. La anulación de decenas de candidaturas por incumplimientos académicos, el uso documentado de “acordeones” partidistas y la intervención abierta de estructuras políticas dejaron claro que el experimento no fue neutro ni técnicamente impecable.
La creación del Tribunal de Disciplina Judicial añadió una capa adicional de tensión. Para el gobierno, se trata de un mecanismo de vigilancia ética; para la oposición, sectores empresariales y juristas, un instrumento de control político. En cualquier caso, el mensaje fue contundente: el Poder Judicial dejó de ser un contrapeso distante y se integró al circuito central del poder.
En contraste con la radicalidad institucional, la política económica de 2025 optó por la prudencia. La Secretaría de Hacienda apostó por reducir el déficit fiscal heredado de 2024 sin sacrificar estabilidad social. El ajuste fue significativo: del 5.9% del PIB a un rango cercano al 3.9%, una señal relevante para mercados y calificadoras.
Los datos reflejan un desempeño moderado pero resiliente: crecimiento económico estimado entre 1.5% y 2.3%, inflación descendente hacia el 3.5% e inversión extranjera directa sostenida por el nearshoring, pese a la incertidumbre jurídica derivada de la reforma judicial. La paradoja fue evidente: el capital siguió llegando, pero con mayor cautela, plazos más cortos y exigencias contractuales más estrictas.
Las decisiones anunciadas hacia el cierre del año —nuevo incremento al salario mínimo y el avance en la discusión legislativa de la jornada laboral de 40 horas— revelan la apuesta estratégica del gobierno para 2026: fortalecer el mercado interno como amortiguador frente a choques externos, incluso a costa de tensiones con el sector empresarial y presiones sobre la productividad.
Si hubo un factor que erosionó de manera directa la calidad democrática en 2025, fue la violencia política. Más de 250 incidentes documentados en seis meses, con al menos 112 asesinatos de actores políticos, colocaron al país en una situación alarmante. No se trata solo de cifras: se trata de territorios enteros donde competir políticamente se volvió una actividad de alto riesgo.
Estados como Veracruz, Guerrero y Michoacán se consolidaron como símbolos de una democracia asediada por el crimen organizado. La violencia no solo eliminó candidatos y funcionarios; alteró procesos electorales locales, inhibió la participación ciudadana y profundizó la desconfianza en las instituciones. La democracia mexicana sobrevivió, pero claramente bajo presión.
A esta crisis se sumó un ciclo de movilizaciones sociales que desmintió la narrativa de estabilidad. Las protestas en Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan expresaron algo más profundo que la indignación momentánea: evidenciaron el hartazgo frente a la impunidad estructural. Las movilizaciones juveniles de la llamada Generación Z, con consignas directas contra el gobierno, confirmaron una brecha generacional que Morena no ha logrado cerrar.
Los movimientos estudiantiles, como el paro en la Universidad Autónoma del Estado de México, recordaron que las universidades siguen siendo espacios de politización activa, especialmente cuando las instituciones formales no canalizan demandas de transparencia y participación. No hubo un estallido nacional, pero sí señales claras de una inconformidad latente.
En el plano internacional, el regreso de Donald Trump redefinió la política exterior mexicana. Migración, fentanilo y comercio se convirtieron en los ejes de una relación bilateral áspera. La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y la amenaza de aranceles generalizados colocaron a México contra la pared.
La respuesta de Sheinbaum fue pragmática: extradiciones selectivas, cooperación en seguridad y una diplomacia económica encabezada por Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente. El encuentro de diciembre en Washington marcó un impasse negociado, no una solución definitiva. El verdadero examen llegará con la revisión del T-MEC en 2026.
En el mapa político interno, Morena cerró 2025 consolidado como partido-movimiento, territorializado y sostenido por programas sociales ya constitucionalizados. La oposición, en cambio, profundizó su crisis. El PAN intenta recomponerse entre pugnas internas; el PRI sobrevive más como estructura que como proyecto; Movimiento Ciudadano apuesta por una tercera vía que aún no demuestra viabilidad nacional. No hay, al cierre del año, una oposición cohesionada ni un liderazgo capaz de disputar con claridad el proyecto de la autodenominada 4T.
Si 2025 fue para México un año de redefinición institucional, Veracruz funcionó como su laboratorio más crudo y revelador. Ninguna otra entidad condensó con tanta claridad las contradicciones del nuevo régimen: hegemonía política sin cohesión interna, violencia persistente, debilitamiento de contrapesos locales y una sociedad que oscila entre la resignación y el hartazgo.
Bajo un gobierno estatal alineado con Morena, Veracruz cerró el año con una paradoja peligrosa: control político formal, pero fragilidad real en la gobernabilidad. El dominio del Congreso local y la alineación con el poder federal no se tradujeron en estabilidad ni eficacia institucional. Por el contrario, la administración enfrentó críticas constantes por su manejo de la seguridad pública, la desarticulada respuesta ante la emergencia climática en el norte del estado, la opacidad en el ejercicio del gasto y una narrativa oficial que profundizó la polarización.
La Fiscalía General del Estado se convirtió en uno de los focos más críticos. Las acusaciones de subordinación política, selectividad en la persecución penal y uso faccioso de la justicia colocaron a la institución en el centro del debate público. En un contexto nacional marcado por la reforma judicial, Veracruz mostró el escenario más delicado: una justicia local percibida como instrumento político e incapaz de ofrecer resultados frente a la violencia estructural.
El desgaste social fue profundo, aunque silencioso. Sectores productivos, académicos y ciudadanos coincidieron en un diagnóstico común: el Estado dejó de ser garante y se volvió un actor distante. La consecuencia no fue una rebelión abierta, sino una retirada cívica: menor participación, menor confianza y menor expectativa de cambio por la vía institucional.
La oposición veracruzana cerró 2025 debilitada, pero expectante. PAN y PRI siguen atrapados en su desgaste histórico; Movimiento Ciudadano avanza en zonas urbanas, sin lograr penetrar el voto rural. Aun así, Veracruz ofrece una oportunidad: convertir la inseguridad y la crisis institucional en una agenda de reconstrucción creíble, si logra articular algo más que la mera crítica a Morena.
El 2026 será, para México, el año de la prueba. Tres escenarios se perfilan: una estabilización gradual con economía controlada y relación tensa pero funcional con Estados Unidos; una turbulencia comercial que sacuda inflación y tipo de cambio; o una radicalización de la agenda social para blindar políticamente al gobierno rumbo a 2027.
El desafío de fondo es mayor: demostrar que un sistema judicial electo puede ofrecer certidumbre jurídica y que la soberanía política es compatible con una integración económica profunda. La sociedad observa con ambivalencia. Los programas sociales sostienen apoyos, pero la seguridad pública y el costo de vida definirán la legitimidad del llamado “Segundo Piso”.
2025 no fue un año más. Fue el año en que México decidió rediseñar su poder. 2026 dirá si ese diseño resiste la realidad que, cotidiana y persistentemente, nos abruma a todos los mexicanos.
fermendozanunez@hotmail.com
Este análisis se elaboró con información de:
Wilson Center, ADN Político, El Financiero, Infobae, Forbes México, INEGI, Reuters y Web en general.
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